La Constitución Política de la República Panamá establece que nuestro Estado tiene tres órganos que deben funcionar en armónica colaboración. Como el papel constitucional aguanta todo, se supone que los órganos son iguales y que deben funcionar permanentemente.
En el caso de la Asamblea Nacional tiene dos pausas formales, o periodos de receso: del 1 de mayo al 30 de junio, y del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Para que trabajen plenariamente en ese periodo deben ser convocados por el Poder Ejecutivo para discutir un tema específico. No hay más opciones constitucionales.
Durante el resto del año, la Asamblea funciona todos los días hábiles (lunes a viernes) lo que excluye fines de semana, feriados y días de duelo nacional. Ahora la pandemia de Covid-19 le ha creado un desafío a todas las democracias del mundo. Los parlamentos han tenido que suspender sus sesiones o reinventanse.
La madre de los parlamentos, el británico suspendió todas sus sesiones por un mes prorrogable a partir del pasado 21 de marzo. El Parlamento canadiense suspendió sus sesiones el 13 de marzo por iguales razones, y es muy posible que el Congreso de los Estados Unidos adelante su receso en las próximas semanas.
Otros parlamentos, como el español y el ecuatoriano, habilitaron sesiones remotas por medio de plataformas digitales. Esto no está permitido por la ley en Panamá, y seguramente tendría otras serias dificultades. En todo caso la Asamblea Nacional tiene las siguientes opciones:
1. Trabajar hasta cuando puedan, y luego irse a un receso de facto;
2. Aprobar una ley que le otorgue facultades extraordinarias al presidente Cortizo para legislar por vía de Decretos Leyes. Aquí se necesitaría que Cortizo lo solicite, y que la Asamblea Nacional adelante su receso por fuerza mayor; y
3. Según lo prescrito en el artículo 246 del Reglamento Interno, el pleno de la Asamblea Nacional podría aprobar una resolución para permitir el teletrabajo de sus miembros, usando alguna plataforma digital, que mantenga la transparencia y el acceso público del proceso. La Universidad Tecnológica y la Autoridad de Innovación Gubernamental podrían ayudar con esto.
