La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional rechazó algunas de las objeciones parciales que hizo el Ejecutivo al proyecto de ley 178, sobre la prohibición para el uso y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y otros.
Un informe de la comisión plantea que la objeción hecha por el Ejecutivo al artículo 1 del proyecto no debe ser acogida, pues alega razones poco contundentes. Mientras que avala los planteamientos de inconveniencia hechas a los artículos 3 y 4. El presidente Laurentino Cortizo no estuvo de acuerdo con los artículos 1, 3 y 4 del proyecto y dejó claro que los artículos 1, 6, 8 y 9 “en esencia cumplen los mismos objetivos que ciertas regulaciones administrativas emitidas por el Ministerio de Salud que se encuentran vigentes”.
El artículo 1 establece la prohibición y comercialización de estos aparatos electrónicos. Según el Ejecutivo, esto ya es una materia regulada en el Decreto Ejecutivo 1838 de diciembre de 2014. Parte del veto de este artículo indica que “la prohibición absoluta del uso, importación y comercialización que se pretende aplicar a este tipo de dispositivos, sin criminalizar las conductas, pero dándoles a estos dispositivos un tratamiento más severo que a los productos de tabaco que se comercializan bajo un marco regulatorio controlado, no toma en cuenta los efectos negativos que estas medidas pudiesen generar”.
La comisión legislativa, liderada por el perredista Víctor Castillo, señala que las razones del Ejecutivo sobre ese artículo son “poco contundentes”, debido a que, como lo señala en la objeción, ya existen decretos ejecutivos y resoluciones desde el 2014 que son acorde con lo planteado en el artículo 1 del proyecto 178.
“Lo único que se amplía mediante dicho artículo es que se prohíbe su uso en todos los sitios públicos y privados de la República”, plantea el informe.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura aboga porque la Asamblea acoja las objeciones que hizo el Ejecutivo al proyecto. Así lo dejaron saber en una nota que envió el gremio a la comisión, el pasado 17 de julio.
La Cámara apoya el argumento de Cortizo de que, en la actualidad, el comercio ilícito de los llamados cigarrillos combustibles en Panamá acapara el 79% del mercado total o 55 millones de cajetillas anuales.
Esta propuesta, si avanza, debe ser discutida en segundo y tercer debate, por el pleno legislativo.
