El Ejecutivo está a la espera de que ahora que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional concluyó el debate de las reformas electorales, esta instancia entre a considerar el proyecto que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.
El proyecto fue presentado a finales de la pasada legislatura, (abril), por el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, con el fin de “atacar el músculo financiero” del crimen organizado.
La Asamblea Nacional está por concluir el próximo 31 de octubre la presente legislatura. Antes debe considerar temas como la ratificación de dos nuevas magistradas de la Corte propuestas por el Gabinete de Laurentino Cortizo. El mandatario ha dicho que no quiere convocar al Legislativo a sesiones extraordinarias.
En una entrevista con este diario, el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, se refirió a la importancia de tener una ley que ataque integralmente a las redes del crimen.
Extinción de dominio completaría la persecución del delito: Riggs
El país necesita frenar la expansión de grupos criminales mediante una ley que le permita al Estado quitarle sus bienes.
Así lo planteó el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, al referirse al proyecto de ley 625 sobre la extinción de dominio de bienes ilícitos que hace seis meses presentó el Ejecutivo, por conducto del ministro Juan Pino,
El proyecto, que reposa en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, liderada por el perredista Víctor Castillo, en espera de su primer debate, busca equiparar la legislación panameña a la de países como Colombia, México, Perú, El Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Argentina que usan este mecanismo para combatir las redes criminales.
La idea es quitarle a los criminales los bienes adquiridos de forma ilícita o usados para actividades ligadas a la delincuencia organizada. Esos recursos, dice, Riggs, los puede usar el Estado para obras que beneficien a la sociedad, que ha sido afectada por el crimen y la corrupción. Y además, agrega, se manda un mensaje claro: “el delito no paga”.
Riggs recordó que el Ministerio Público y los estamentos policiales enfrentan un creciente fenómeno: el impacto del dinero de los nuevos ricos gracias al crimen organizado. Así, muchos narcotraficantes simulan ser empresarios y personas de bien y se mudan a barrios exclusivos para tratar de alejarse de sus enemigos o de las autoridades. Incluso, algunos incursionan en la política con dinero sucio.
A juicio del funcionario, si se aprueba la ley no afectaría el derecho de propiedad, como alegan algunos. Se establece que antes de quitarle el bien a alguien se debe hacer un juicio con todas las garantías procesales.
Según la iniciativa, tres instituciones del Estado (Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y Ministerio de Economía y Finanzas), intervendrían en la implementación de la figura de la extinción de dominio.
La legislación se ampara en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de Viena, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo de 2000; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003; las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
