En los negocios y transacciones internacionales se utiliza comúnmente el waiver como un mecanismo para facilitar las relaciones jurídicas. Cuando usted compra un boleto de avión, adquiere una tarjeta de crédito, o abre una cuenta en las redes sociales, debe aceptar un waiver, que no es más que una renuncia explícita a los derechos que puede tener una parte en un contrato.
Así mismo existe este mecanismo para las relaciones entre los Estados. Cuando el consejero legal del Departamento de Estado, Thomas Heinemann, le comunica al Ministerio Público que Estados Unidos está renunciando expresamente a su derecho de consentir que se hagan nuevas investigaciones al extraditado expresidente panameño Ricardo Martinelli, no es una simple opinión.
Estados Unidos y Panamá suscribieron, en 1904, un convenio de extradición, que se clarificó por medio de un canje de notas en abril de 2019. La directora de asuntos legales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en ese entonces, Gina López Candanedo, y Thomas Heinemann , como consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, acordaron que el mecanismo por el cual ambos países expresaban su consentimiento para las excepciones al principio de especialidad sería por vía del Ministerio Público de Panamá al Departamento de Estado de Estados Unidos y viceversa.
El consejero legal Heinemann está respondiendo a una solicitud de la entonces procuradora Kenia Porcell como contraparte de Panamá. Su respuesta es clara y significa que: Panamá no necesita autorización de Estados Unidos para hacer nuevas investigaciones o continuar aquellas que se hayan iniciado contra el expresidente Ricardo Martinelli por actos ocurridos antes de su extradición a Panamá, en junio del año 2018.
No es una opinión, es una respuesta a una solicitud. Llevar la respuesta del consejero legal del Departamento de Estado al control de un juez de garantías cae en el capítulo de ñamerías jurídicas. Esto violaría la Convención de Viena de Derechos de Tratados, y sería tan absurdo, como pedirle a un juez de paz que interprete el Tratado Torrijos Carter. La conclusión es clara para el procurador Eduardo Ulloa y para cualquiera que respete la ley.
