Una propuesta que crea una base de datos digital y pública para verificar si alguna persona ha sido objeto de un proceso de desalojo en medio de la pandemia fue aprobada en primer debate por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley, que el pasado miércoles pasó a manos del pleno legislativo para su segundo y tercer debate, es impulsado por el diputado independiente Raúl Fernández.
En la base de datos solo se encontrará información de desalojos de aquellos contratos de alquiler, residenciales o comerciales, que tengan un canon de arrendamiento mensual o superior a los $500.
La persona solo será incluida en la base de datos si el arrendador hace la solicitud ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Fernández dijo que la iniciativa le da seguridad jurídica al negocio de los bienes inmuebles. “Esta norma les dará seguridad a los inversionistas, para que el país siga creciendo de la mano de la empresa privada”, sostuvo.
