Un anteproyecto de ley para eliminar las penas accesorias a aquellas personas que sean condenadas por delitos comunes fue presentado en la Asamblea Nacional por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda.
La propuesta pretende que las penas accesorias –entre ellas la inhabilitación de funciones en cargos públicos– sean eliminadas como sanciones dentro de una condena penal.
“Una persona común que cometa un delito y que paga cinco u ocho años [de prisión], se le imposibilita, una vez salga de la cárcel, a trabajar por el mismo tiempo”, destacó Pineda en el pleno legislativo al momento de presentar el anteproyecto de ley.
De acuerdo con el artículo 68 del Código Procesal Penal, las penas accesorias son “la consecuencia de la pena principal. En su aplicación, el juzgador deberá seleccionar entre las penas accesorias previstas en el artículo 50 de este Código la que, según la gravedad o naturaleza del delito, tenga relación directa con el delito o contribuya a evitar el peligro para los derechos de las víctimas”.
Dicho articulado también detalla que la aplicación de las sanciones accesorias es de carácter obligatorio, aunque no esté prevista en el delito de que se trate.
A su vez, el artículo 69 del Código Procesal Penal, que también guarda relación con las penas accesorias, señala que estas sanciones tendrán una duración no superior a la pena principal y comenzarán a cumplirse después de finalizado el cumplimiento de la pena de prisión, salvo la pena de multa, que se cumplirá una vez ejecutoriada la sentencia.
En ningún caso se suspenderá la ejecución de la pena accesoria por la aplicación de un subrogado penal, sostiene el código.
