En la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN), que dirige el diputado de Cambio Democrático (CD) Sergio Chello Gálvez, reposan seis denuncias mediante las cuales se solicita investigar al presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Algunas fueron presentadas en 2018, y otras en lo que va de 2019.
Después de que en abril del año pasado se terminaran de evacuar los expedientes que existían contra Varela (cuatro), entraron dos denuncias. En ese momento la comisión estaba presidida por Fernando Carrillo, diputado de CD.
Una entró el 29 de junio 2018 y fue presentada por Florencio Barba Hart, quien señaló que el mandatario estaba presionando a la Asamblea a través de la Contraloría General de la República. El recurso llegó días después de que el contralor Federico Humbert denunció supuestas anomalías en las distintas planillas de la Asamblea y anunció la suspensión del pago de la planilla 080, que contiene el personal de confianza de los diputados.
El otro recurso fue presentado el 13 de septiembre de 2018 por los abogados Valentín Jaén y Kevin Moncada, quienes solicitaron que se procese a Varela por la presunta comisión del delito de extralimitación de funciones, abuso de autoridad y omisión de los deberes de los servidores públicos por sus actuaciones en el manejo de la cárcel Punta Coco,ubicada en isla del Rey, archipiélago de Las Perlas.
Jaén y Moncada actuaron en representación de un grupo de detenidos de ese penal destinado para presos de alta peligrosidad.
Las de 2019
El pasado 3 de enero, miembros del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli –a quien se investiga por el caso de los pinchazos– acudieron al Legislativo a demandar al gobernante por presunta tentativa de homicidio y delitos en contra de la humanidad. La querella se dio por hechos registrados el 21 de diciembre de 2018 cuando el expresidente fue trasladado a la fuerza del Hospital Nacional, al Hospital Santo Tomás, por órdenes de la Dirección del Sistema Penitenciario.
El 21 de febrero del año en curso, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá denunció al mandatario por la supuesta comisión de abuso de autoridad y desviación de poder, luego de que designara a la canciller Isabel de Saint Malo; al embajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González-Revilla; y al ministro de la Presidencia, Jorge González, como directivos del Canal de Panamá.
Poco tiempo después, el 1 de abril, sindicalistas y grupos de estudiantes de izquierda pidieron que se investigara a Varela y a la canciller por supuesta extralimitación de funciones, por acciones ejecutadas por el Gobierno en contra de Venezuela. Se refieren a la inclusión en una lista de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales de personas naturales y jurídicas de ese país, incluido Nicolás Maduro, entre otras acciones.
La última denuncia llegó a la Asamblea hace dos semanas. La presentó Heraclio Bustamante, quien pide que se procese al presidente por supuestamente ocultar información de la “narcopolítica”.
El diputado panameñista Miguel Salas, quien forma parte de esa comisión, manifestó que si esta instancia legislativa no se reúne antes del 30 de junio, día en que acaba el actual periodo constitucional del Legislativo, le corresponderá a los nuevos diputados que conforman esa instancia analizar estas denuncias.
