La Corte Suprema de Justicia no acogió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Resolución del Consejo de Gabinete No. 69 del 6 de agosto de 2019, que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa dentro del manual general de clases ocupacionales del sector público.
El fallo, con ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, no admitió el recurso presentado por el abogado Aníbal Rodolfo Chery con el alegato de que la resolución 69 viola el artículo 40 de la Constitución, que dice: “toda persona es libre de ejercer cualquier profesión y oficio sujeta a los reglamentos que establece la ley, en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión, colegiación, salud pública y cotizaciones obligatorias”.
La demanda sostenía que un decreto no puede permitir ejercer profesiones cuando estas tienen requisitos establecidos por ley y, además, si se eliminan requisitos legales para la obtención de idoneidades.
Sin embargo, el pleno de la Corte decidió no admitir la demanda, ya que el Consejo de Gabinete, a través de la Resolución No. 84 del 9 de septiembre de 2019, modificó la resolución objeto de la demanda y excluyó de la equiparación las profesiones reguladas por leyes especiales y las que precisan de idoneidad para su ejercicio.
Los magistrados sostienen que con la modificación presentada por el Gabinete mediante la resolución 84 desapareció el vicio de inconstitucionalidad de la primera resolución.
