La Contraloría General de la República extendería las auditorías a cualquier otra empresa que haya recibido una concesión del Estado, entre ellas, las que se dedican a las operaciones portuarias, señaló el contralor Gerardo Solís.
La auditoría de cumplimiento de contrato practicada a la empresa Panama Ports Company (PPC), en la cual el Estado tiene el 10% de las acciones, se desarrolló a petición de la ciudadanía y cuando falta menos de un año para que termine la concesión por 25 años.
“Este ejercicio nosotros vamos a estar haciéndolo y es un mensaje importante a todo concesionario del Estado”, respondió Solís, durante la presentación de los resultados de la auditoría a PPC.
El propósito es verificar si se está cumpliendo con lo pactado para hacer las recomendaciones y que se hagan las correcciones, agregó.
Consultada sobre estos señalamientos, la Cámara Marítima de Panamá, organización que agrupa a más de 200 empresas del sector, señaló que “apoya todas las auditorías que requiera el Gobierno bajo el marco de la ley de nuestro país, y no únicamente al sector portuario si no a todo [el] sector marítimo y logístico”.
Empresarios marítimos consultados dijeron que la Contraloría tiene la potestad de hacer estas revisiones cuando quiera.
