El proyecto de ley No.361, que establece el marco jurídico para el control y la prevención de la tuberculosis, está en espera de segundo debate en la Asamblea Nacional.
La iniciativa, presentada en julio pasado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático Víctor Castillo a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, tiene como finalidad la educación y defensa de los derechos de las personas diagnosticadas con tuberculosis, sus familiares, allegados y las personas con riesgo de contraerla, garantizando la cobertura y continuidad de una política de Estado en la lucha contra esta enfermedad.
Castillo destacó que la propuesta fue ampliamente consultada con todos los sectores involucrados en el tema y que, ante la nueva realidad de la Covid-19 –que los pacientes con tuberculosis pueden tener una coinfección con el SARS-CoV-2–, es importante contar con los recursos necesarios para su tratamiento y prevención en todo el país.
Edwin Aizpurúa, quien participa en la discusión del proyecto en representación del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que se ha estado trabajando tanto en el tema de discriminación de los pacientes, como en planes estratégicos para disminuir la propagación de la tuberculosis, que no solo afecta áreas como las comarcas, sino también a los residentes de la ciudad capital.
Amador Goodridge, presidente del Mecanismo Coordinador de Panamá en la lucha contra la Tuberculosis, VIH y Malaria, manifestó que el ente multisectorial que conforman ve muy oportuna la propuesta de ley, porque este marco jurídico ayudará a fortalecer el trabajo que han impulsado en los últimos años.
Informes estadísticos preliminares del Minsa muestran que el año pasado se registraron mil 450 casos de tuberculosis en el país, y que en 2018 hubo 2 mil 23, con una tasa de 48.3 por cada 100 mil habitantes.
