A pesar de los cuestionamientos de la ciudadanía, la Asamblea Nacional avanza con la propuesta legislativa presentada por el diputado perredista Raúl Pineda, que elimina la pena accesoria en algunos delitos del Código Penal.
La Comisión de Gobierno del Legislativo, que preside Víctor Castillo, diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), acogió la propuesta ayer en medio de señalamientos a la prensa y a los críticos del proyecto. Pero antes de ser discutido en primer debate, la iniciativa será analizada por una subcomisión que estudia posibles reformas a los códigos Penal y Procesal Penal. Esta instancia está integrada por Juan Diego Vásquez, independiente; Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), y Sara Montenegro, suplente de Crispiano Adames, del PRD. Esta subcomisión también analizará una iniciativa legislativa presentada por Miguel Fanovich, del Molirena, que modifica ambos códigos.
Vásquez resaltó que la subcomisión tiene una tarea “titánica”, porque las propuestas de Pineda y de Fanovich son “diametralmente opuestas”.
“Se va a invitar a todos los sectores que tengan que ver con estos proyectos”, afirmó el presidente de la comisión, Víctor Castillo. “De estos dos proyectos se va a hacer un solo análisis”, agregó Castillo, quien explicó que las evaluaciones se harán en conjunto con otros proyectos que se han presentado anteriormente.
Nombre y apellido
Sin embargo, los ojos están puestos en el proyecto que impulsa Raúl Pineda, pues elimina de las condenas la pena accesoria de inhabilitación para ejercicio de funciones en cargos públicos.
Dependiendo de su aplicación, la medida podría beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli, quien tiene varios casos judiciales pendientes y aspira a una candidatura presidencial en 2024.
El pasado 1 de julio, la diputada Mayín Correa votó para que Adames fuera presidente de la Asamblea y dijo que lo hizo porque éste tiene el coraje para emprender “una reforma penal integral” y así terminar con lo que denominó una “persecución política” contra Martinelli.
El hecho de que la Comisión de Gobierno prohijara esta propuesta generó un debate y duros cuestionamientos en redes sociales.
“Esto está completamente fuera de orden en lo jurídico y constitucional y es una afrenta en lo ético contra el tejido social y la confianza ciudadana. ¡Señores diputados, están traicionando su deber de representación de la ciudadanía y el bien común!”, escribió en su cuenta de Twitter, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
Al debate se unió Giulia De Sanctis, de Panamá Decide, grupo que impulsa la constituyente. “Esto es inaudito…. Cómo van desgranando poco a poco los fundamentos del estado de derecho, para ser cooptado por el crimen organizado”, escribió.
Mientras que la abogada y periodista Lina Vega planteó lo siguiente: “Están violando la ‘Constitución’, señores diputados.... el proyecto para liberar al loco de penas accesorias avanza atropellando Constitución, la legalidad y lo que haga falta”.
