El procurador de la Administración, Rigoberto González, confirmó que reanudó las pesquisas relacionadas con la denuncia presentada por el manejo de fondos públicos asignados a las autoridades de los gobiernos locales para gastos de movilización.
González reveló que pidió, una vez más, a la Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, que le dé un “informe explicativo” de si esa entidad ha constatado que, en efecto, los montos que reciben los alcaldes y representantes de corregimiento del país han sido fijados mediante lo que dispone la Ley de Descentralización (Ley 37 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015).
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño, en la que pide examinar la conducta de los funcionarios de la Contraloría y de los gobiernos locales, en torno al manejo de estos fondos. De acuerdo con el demandante, ese dinero se asigna libremente y sin que se conozcan los criterios para establecer las cantidades.
Según datos de la Contraloría, los gastos de movilización para los alcaldes y representantes del país cuestan $1 millón 26 mil al mes, o $12.3 millones al año. Algunos alcaldes ganan más que el Presidente de la República y que los magistrados de la Corte. El de Arraiján, Rollyns Rodríguez, por ejemplo, gana $10 mil 400. En gastos de movilización recibe $5 mil, al igual que los ocho concejales.
La denuncia por este tema ha estado envuelta en una especie de telaraña jurídica. En diciembre pasado, el procurador González envió la denuncia a la Corte Suprema de Justicia, a raíz de que el contralor Solís alegara que no tiene competencia para investigarlo. Sacó a relucir la nueva Ley 258 de 26 de noviembre de 2021, que le devolvió a la Corte la potestad de investigar las faltas administrativas de altos funcionarios, entre ellos el contralor. Incluso, Solís le dijo a González que si insistía en la investigación incurriría en “un acto justiciable”.
Pero, el pasado 4 de enero, la presidenta de la Corte, María Eugenia López, devolvió a González la denuncia presentada por Cedeño. López alegó que los artículos 86 y 87 del Código Judicial, sobre las atribuciones de los magistrados de la Corte, no establecen que tienen que investigar la conducta oficial de los funcionarios. Por esta razón, González reasumió la competencia de la denuncia y dio inicio a las diligencias legales del caso.
Cedeño, en tanto, reiteró que “hay un descontrol en el uso de las finanzas públicas en los gobiernos locales”, y que la Contraloría “no está controlando como debe”, por lo que algunos gobiernos locales se están dando “una especie de banquete”.
Tanto alcaldes como representantes de corregimiento se transportan en vehículos oficiales, con su respectivo chofer. Algunos reciben viáticos, aparte de los gastos de movilización.
