Quienes intenten o sean atrapados ingresando celulares, armas de fuego, sustancias u objetos prohibidos en los centros penitenciarios del país serán sancionados con penas que oscilan entre 2 y 10 años de prisión.
Así consta en el proyecto de ley que adiciona el título XV-A al Código Penal, que se denominará “delitos de violación a la seguridad de los centros penitenciarios”, presentado ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Este proyecto establece que se castigará con dos a cuatro años de prisión a quienes introduzcan equipos o sistemas de comunicación electrónica, informática o inalámbrica.
¿Por qué surge?
Se refieren, por ejemplo, a radios, celulares u otro similar o señal de internet, que faciliten la comunicación de privados de libertad. Esta sanción también se le aplicará al privado de libertad de encontrársele estos instrumentos en su poder.
Propone, además, castigar con 8 a 10 años de cárcel a quienes indebidamente intenten ingresar arma de fuego, pistola electrónica paralizante, arma blanca o punzocortante. Igualmente, se le aplicará la sanción al detenido que los posea.
En la actualidad, el ingreso de celulares y otros accesorios a las cárceles es considerado como falta administrativa.
Asimismo, se detalla que quien introduzca, trafique, tenga o posea sustancias u objetos prohibidos en las cárceles se le aplicará la sanción de uno a tres años, salvo en los delitos tipificados en el capítulo V del Código Penal sobre los delitos relacionados con droga.
