A puertas cerradas, la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional (AN) prohijó el anteproyecto de ley que establece la suspensión de los servicios públicos por cuatro meses mientras se prolongue la crisis sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus.
La iniciativa, presentada por el perredista Raúl Pineda, pero impulsada por toda la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático y la de su aliado, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, busca que se suspendan por un término de cuatro meses, en todo el país, el pago de las facturas de energía eléctrica, servicio de agua potable, tasa de aseo, así como telefonía fija, móvil e internet.
Propone, además, que “el pago de estos servicios públicos se reanudará vencido el plazo de cuatro meses, pero será prorrateado en un término de tres años”.
La propuesta deja claro, que solo serán beneficiados con estas medidas quienes se vean afectados por la suspensión de sus trabajos a partir del 1 de marzo.
Concretamente, “todos los ciudadanos que a partir del 1 de marzo del presente año haya sido afectado con una medida de terminación o suspensión de su relación laboral, inclusive aquellos casos en los que se ha modificado el contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral; los trabajadores por cuenta propia; micro y pequeñas empresas que hayan sido afectadas en sus ingresos; así como los dueños de restaurantes, bares, casinos, medios de transporte de servicio público y privado que hayan sido afectados en sus ingresos”.
La iniciativa también plantea el acceso gratuito a los corredores norte y sur para el servicio de transporte público, por el término de tres meses.
Esta es una de las cinco iniciativas que han presentado los diputados de la Asamblea Nacional para contrarrestar el impacto del nuevo coronavirus en el país.