Abuso psicológico, físico y sexual. Abortos forzados, y más. Todo eso reveló el informe elaborado por un grupo de diputados de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (AN) sobre la realidad que se vive en los albergues de niños administrados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Cambios directivos
La dirección de la Senniaf ha sufrido cambios. El 7 de enero, Sara Rodríguez fue reemplazada como directora general por Mayra Silvera. Esta semana, un día antes de presentarse el informe, Carla García fue nombrada gobernadora de la provincia de Panamá y abandonó el cargo de subdirectora.
“En la investigación de campo constatamos que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual”, dice parte del documento elaborado por la subcomisión legislativa que integran la diputada suplente independiente Walkiria Chandler y sus colegas Petita Ayarza, del Partido Revolucionario Democrático, y Yesenia Rodríguez, del Partido Panameñista.
Chandler, quien expuso los hallazgos, manifestó a La Prensa sentirse “asqueada” como resultado de su investigación. “Son niños invisibilizados en el Estado y en el sistema”, manifestó.
El informe condena la politización del Senniaf, la falta de inversión pública y la débil capacidad técnica como entidad encargada. “Sería irresponsable tratar de adjudicar de manera absoluta a este gobierno... Es algo que viene de distintas administraciones”, dijo Chandler.
Contó que durante la investigación hablaron mayores de edad que pasaron por estos albergues y experimentaron abuso.
El informe también reveló que muchos albergues operan sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales. Además, se evidenció que los niños y niñas con discapacidad no reciben atención especializada.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado, en el que instó a las autoridades a “proceder con carácter de urgencia en la reforma estructural del sistema de protección de la niñez”.
La nota de Unicef plasma la “profunda preocupación” del organismo por la situación y asegura que “son grandes los desafíos” que tiene Panamá en su obligación de proteger a la niñez.
A su vez, la Senniaf emitió un comunicado en el que “reafirma su compromiso en garantizar el bienestar” y califica de “hechos del pasado” lo vivido por los niños.
Sin embargo, Chandler sostuvo que hasta ahora “no ha pasado absolutamente nada” en cuanto al estado de los albergues.