El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz, interpuso ayer, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una “acción de amparo autónomo”, dirigida a dejar sin piso jurídico las recientes actuaciones de la Asamblea Nacional, especialmente el juicio de responsabilidad que inició contra el presidente Nicolás Maduro.
En declaraciones a Unión Radio, Muñoz manifestó que considera que con sus actuaciones recientes, la Asamblea “ha emitido amenazas contra los poderes públicos, simulando actuaciones jurídicas que no guardan relación alguna con instituciones del derecho constitucional venezolano”.
Entre esas acciones, Muñoz se refirió al “supuesto juicio político” contra el presidente Maduro, el cual, dijo es “inexistente en la Constitución”. Además, indicó, ha “advertido de la sustitución por la vía de los hechos de las máximas autoridades del TSJ y del CNE [Consejo Nacional Electoral], y ha amenazado con llamar a sus seguidores a acciones de calle contra los poderes públicos si no se cumple un pliego de exigencias que ha insistido en imponer”.
Según el procurador, los actos de la Asamblea, que han sido acompañados por voceros de partidos políticos que integran el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática, “rememoran los acontecimientos que antecedieron a los sucesos de abril de 2012 y abril de 2014, los cuales terminaron con pérdidas humanas y materiales”. Aseguró que un análisis de la sucesión de estos hechos a partir de enero del presente año advierte sobre “la ejecución planificada del quebrantamiento del orden constitucional”.
La acción de la Procuraduría se produjo días después de que Maduro anunciara, frente a una movilización en los alrededores del Palacio de Miraflores, que había pedido “que si se les ocurre [a la oposición] violar la Constitución con un juicio político, se arme una querella (...) No me voy a quedar cruzado de brazos frente a ese golpe de Estado. Tarde o temprano llegara la justicia, que les quede claro a los golpistas”.
Desde su instalación en enero pasado, la Asamblea no ha logrado que se ejecute ninguna de las leyes que ha aprobado, ya que, con el apoyo de la Sala Constitucional del TSJ el mandatario ha logrado frenar sus decisiones.
La MUD tilda de sucursal del Ejecutivo a ese órgano del Estado y a sus rectores de funcionarios del régimen.