Dirigentes de la sociedad civil organizada repudiaron ayer la práctica ilegal de los diputados de sacar provecho político con los bienes públicos al sellar sus nombres y distintivos partidistas en vehículos y obras oficiales.
Además, exigieron a la Corte Suprema de Justicia y al procurador de la Administración, como abogado del Estado, abrir un proceso a los diputados que incurren en esta “vieja práctica de corrupción”.
Gilma Camargo, del Centro de Estudios Estratégicos, manifestó que la actuación de los diputados con los bienes públicos es innecesaria y falsa con el dinero del pueblo. “Eso no es positivo”, acotó.
Un recorrido hecho por este medio en distintos puntos del país corroboró que diputados, alcaldes y concejales de Cambio Democrático, Partido Panameñista y Partido Revolucionario Democrático (PRD) tienen sus nombre en bienes públicos y obras gestionadas por ellos, en abierta violación a normas como el Decreto Ejecutivo 124 de 1998; los artículos 8 y 12 del Código Fiscal y el artículo 2, numeral 4, del Código Electoral y el artículo 55 de la Ley 66 de 2015 de descentralización pública.
EXIGEN INVESTIGACIÓN CONTRA LOS DIPUTADOS
Como un hecho “deplorable”, “ilegal” y “antiético” calificaron ayer, dirigentes de diferentes sectores, la irregular práctica de los diputados de estampar su nombre y distintivos de sus partidos políticos en bienes comprados con fondos públicos.
En ese sentido, Juan Diego Vásquez, de la Red Nacional Jóvenes por la Transparencia, manifestó que los diputados están siendo irrespetuosos con los bienes del Estado.
Por esa razón considera que se debe buscar el mecanismo legal para sancionarlos. “Quien utiliza fondos de una institución pública para promocionarse es un amoral, y un irrespetuoso (...)”, advirtió el activista de la sociedad civil.
Otro que rechazó la actuación de los diputados y la consideró como una vieja práctica de corrupción fue el politólogo Richard Morales.
Dijo que “todo uso de los bienes públicos para provecho personal, sea electoral o lucrativo, es un acto de corrupción, y eso debe ser investigado y castigado, y no puede permanecer impune, ya que el delito no desaparece con la corrección posterior del mal”.
Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, manifestó que lo sucedido con los bienes públicos que gestionan los políticos es una práctica ilegal en la que incurre la mayoría de los diputados.
“Promocionar obras no es función de los diputados, pero como tienen la intención de postularse dejan en desventaja a los nuevos candidatos ... creo que la Corte, la Procuraduría de la Administración, deben pronunciarse”, expresó Pittí.
Mediante un recorrido efectuado por este medio en diferentes puntos del país se corroboró que diputados, concejales y alcaldes de diversos partidos políticos han puesto su nombre y distintivos políticos en vehículos, ambulancias y obras en construcción en abierta violación a normas como el Decreto Ejecutivo 124 de 1998; los códigos Fiscal y Electoral y la Ley 66 de 2015 de descentralización.
Según ha podido constatar este diario, en esta práctica ilegal incurren los diputados perredistas Rosa Canto y Elías Castillo; los de Cambio Democrático Raúl Hernández, Dana Castañeda, Manuel Cohen, Rubén Frías y José Muñoz; y los panameñistas Katleen Levy, Gabriel Panky Soto, Jorge Alberto Rosas y Jorge Iván Arrocha. Además, el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez (PRD), y varios concejales.
