Dos de los tres jueces de cumplimiento que tienen el control de la ejecución de la sentencia del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna instalaron ayer el Tribunal de Cumplimiento que dará seguimiento a dicho caso.
Se trata de los diputados Rony Araúz, de Cambio Democrático, y Jorge Iván Arrocha, del Partido Panameñista.
Crescencia Prado, del Partido Revolucionario Democrático, no asistió. Deberán resolver los recursos presentados por Ramiro Jarvis, abogado de Moncada Luna, quien pide que se revisen las condiciones carcelarias de su defendido, que purga una condena de cinco años por enriquecimiento injustificado y falsedad en la cárcel El Renacer.
En la sesión, los diputados explicaron que antes de tomar una decisión harán consultas al Ministerio Público, la Procuraduría de la Administración y a la directiva de la Asamblea.
Araúz, quien preside el tribunal, explicó que tienen varias dudas. Manifestó que para que exista una audiencia tiene que haber un fiscal, “pero ustedes recordarán que una vez terminó el juzgamiento, las figuras de las juezas de garantías y del fiscal terminaron”.
También señaló que cuando se dio la sentencia, el sistema penal acusatorio (SPA) no estaba vigente en el Primer Distrito Judicial, pero a la fecha ya está rigiendo. A ello se suma que el Código Procesal Penal no desarrolla la figura del juez de cumplimiento en los casos en que dicha facultad recaiga en la Asamblea.
Jarvis, por su parte, cuestionó la decisión de los diputados y catalogó de “ilógico” y “fuera de sentido” el proceso de consultas.
Manifestó que es “absurdo” que se diga que cuando se designó a los jueces no estaba en vigencia el SPA, ya que el Código Procesal Penal establece que los procesos que se dirimen contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República y a los diputados se surten bajo el sistema penal acusatorio.
