La regulación constitucional del derecho de asilo y refugio; la no detención de solicitantes por ingreso o permanencia irregular, así como el acceso gratuito a servicios de salud y de educación son algunos de los compromisos que Panamá renovó en materia de protección de personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, desplazados y apátridas en la región.
La renovación de estos compromisos se dio durante una reunión celebrada en Brasil el pasado mes de febrero, en la que participaron delegaciones de 36 países y territorios de América Latina y el Caribe.
La reunión concluyó con la adopción de los 100 puntos de Brasilia, un texto que servirá como contribución de la región al Pacto Mundial sobre Refugiados, que será propuesto a la Asamblea General de las Naciones Unidas este año.
Fuentes de la Cancillería manifestaron que, a través de ese despacho, Panamá participó activamente en la redacción de los compromisos, a fin de adoptarlos “de acuerdo con la legislación nacional de cada país”.
Cifras oficiales señalan que hasta febrero pasado había 2 mil 479 refugiados en el país.
