La construcción de un puerto de contenedores en Corozal se ha estancado con 28 recursos legales presentados por residentes de Diablo Heights, firmas de abogados, particulares y Panamá Ports Company, esta última con 9 acciones en total.
Por un lado, Panamá Ports Company se queja porque no se les dio directamente la concesión del puerto. Los vecinos, por su parte, exigen que sea un puerto amigable con el ambiente y no afecte su calidad de vida.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que promueve el proyecto, ha salido airosa en 19 casos, la mayoría en la Corte Suprema de Justicia, mientras que 9 todavía están pendientes de decisión judicial.
El modelo consiste en dar el proyecto en concesión a una empresa a través de una licitación pública internacional, pero la ACP sigue siendo dueña del terreno, por el que cobraría un canon anual. El administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, admite que se ha requerido de un profundo análisis para un puerto de trasbordo ante las competencias que siguen avanzando en su plan de desarrollo, como Buenaventura y Cartagena, Colombia.
La ACP prevé relanzar el proyecto en los próximos meses. Evalúa las alianzas de las navieras que también impactan la estrategia en tiempo, estructura y alcance de la licitación.
