La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley 245 que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, y que incluye medidas para evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios, sobre la extradición, casación penal y otros temas.
Este proyecto fue presentado el 21 de septiembre de 2015 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y ocho días después fue aprobado en primer debate en la Comisión Legislativa de Gobierno. No fue hasta la semana pasada que se revivió su discusión en segundo debate en el pleno legislativo, pero fue devuelto a primer debate para algunos ajustes.
Ayer, en el primer debate, fueron aprobadas algunas modificaciones a este proyecto 245, y una de ellas es la que permitiría la posibilidad de que el imputado junto a su defensor y el Ministerio Público puedan celebrar acuerdos de penas o de colaboración para todos los casos que quedaron vigentes antes de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (SPA).
En tal sentido, Armando Medina, director de proyectos especiales del despacho superior del Ministerio de Gobierno, explicó que, de aprobarse esta norma, en los casos iniciados con el sistema inquisitivo mixto, que aproximadamente son 10 mil, también se pueda llegar a un acuerdo de pena.
“Lo que se busca con esta norma es reducir el hacinamiento en las cárceles, ya que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad en detención preventiva que han cumplido la pena mínima, y tal vez cuando lleguen sus defensores a un acuerdo de pena con el Ministerio Público puedan verse beneficiados con una pena que ya esté cumplida y puedan quedar en libertad”, detalló.
También se modificó el procedimiento de extradición, creando jueces de garantías especializados en extradición.
En este caso, detalló Medina, se amplían las competencias del juez de cumplimiento y se le da incluso facultades para reducir la pena en ciertos delitos, excluyendo tráfico internacional de drogas, homicidio doloso y agravado, pandillerismo, extorsión, secuestro, torturas, tratos crueles y vejámenes, entre otros.
La modificación permite que se rebaje la pena por niveles de resocialización e incluso hasta por indemnización a la víctima.
De igual manera, se aprobó que las personas que están en detención provisional bajo el sistema penal acusatorio y en arresto preventivo en los casos del sistema inquisitivo, el juez de cumplimiento, o el juez de garantía o el de la causa respectiva, pueda autorizar que el privado empiece a trabajar, estudiar o enseñar en las cárceles. El tiempo que se dediquen a estas funciones servirá para conmutar la pena de condena, así como el trabajo remunerado.
