La subcomisión encargada de analizar el proyecto de ley 597, que busca inhabilitar de manera permanente a aquellas personas que sean condenadas a cinco o más años de prisión por cometer delitos contra la administración pública, recomendó modificar dos artículos de esta iniciativa, conocida como “muerte civil”.
Se trata de los artículos 1 y 2, que modifican las normas 68 y 69 del Código Penal, respectivamente, en lo referente a la pena accesoria.
Precisamente, el informe, entregado ayer por la subcomisión a la Comisión de Gobierno, da cuenta de posturas divididas en relación con este tema. Por ejemplo, el Colegio Nacional de Abogado (CNA) opina que la pena accesoria debe ser por un tiempo definido, mientras que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia a favor de que la inhabilitación sea de por vida.
La subcomisión, que presidió la diputada independiente Ana Matilde Gómez, también informó que hubo al menos 12 artículos en los cuales hubo consenso.
Dichos artículos proponen aumentar las penas de prisión por la comisión de delitos contra la administración pública.
Antes de elaborar el informe, la a subcomisión se reunió con representantes del CNA, la Corte Suprema, la Procuraduría de la Nación y Procuraduría de la Administración, así como con el Tribunal de Cuentas.
Se prevé que el proyecto sea discutido en primer debate durante la próxima reunión de la Comisión de Gobierno, que no ha sido fijada todavía.
