Las empresas condenadas por delitos de corrupción por tribunales nacionales e internacionales y aquellas que hayan alcanzado acuerdos de colaboración eficaz con la justicia quedarían incapacitadas para participar en actos públicos.
Esta es la propuesta presentada por el diputado independiente Gabriel Silva y avalada por otros diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, que retomaron ayer el primer debate del proyecto de ley 10, que reforma la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas. Silva dijo que por ahora hay consenso entre los diputados que conforman la comisión sobre este aspecto y confió en su aprobación.
El proyecto de ley 10, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ya impedía la contratación de empresas condenadas por tribunales panameños. Según la propuesta presentada en la comisión, el castigo se extendería a aquellas condenadas por tribunales extranjeros, “siempre que el delito esté vinculado a la actividades de la empresa o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accidentales”.
Tampoco podrían participar en licitaciones con el Estado las empresas que hayan llegado a acuerdos de colaboración eficaz con la justicia en los cinco años previos al acto público ni las que sean sancionadas administrativamente por la Unidad de Análisis Financiero por el incumplimientos de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.
