Tal como se esperaba, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó ayer al Tribunal Supremo Federal de su país mantener bajo confidencialidad “todas las pruebas que constan en los acuerdos de colaboración premiada firmados por Odebrecht”.
Janot también envió ayer un oficio-circular a los jefes de los ministerios públicos de los países donde se han abierto investigaciones contra la empresa brasileña, informándoles de la solicitud que hizo al Tribunal Supremo Federal de Brasil.
El procurador justifica la petición de mantener en sigilo las pruebas en razón del posible interés de las autoridades extranjeras de ordenar investigaciones relativas a los hechos reportados por los colaboradores, las cuales podrían verse perjudicadas si estas se divulgan antes de que sean dirigidas a las autoridades solicitantes.
La nota de prensa del Ministerio Público Federal de Brasil advierte de que las solicitudes de cooperación que ha recibido Brasil solo pueden ser respondidas después de cumplido el plazo establecido en la cláusula contractual de confidencialidad del caso Odebrecht, que tiene vigencia por seis meses, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando los acuerdos fueron firmados.
Para Janot, terminado el plazo, no significa que automáticamente desaparezca la necesidad de mantener en secreto la información, en especial de aquella que debe ser enviada al exterior a través de la cooperación internacional.
La solicitud formal de Janot al Tribunal Supremo Federal se basa en la Convención de Mérida, que establece que “el Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga sigilo acerca de la existencia y del contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento”.
Agrega que “si el Estado Parte requerido [en este caso Brasil] no puede mantener este sigilo, tendrá que hacérselo saber de inmediato al Estado Parte requirente”.
De la petición de Janot fueron informados los ministerios públicos o fiscalías de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela, países que suscribieron con las autoridades de Brasil una declaración sobre cooperación jurídica internacional contra la corrupción.
La carta de Janot a los procuradores y fiscales de esos países indica que la solicitud que ha hecho al Tribunal Supremo “garantizará” que aún a partir del 1 de junio de 2017 –cuando será posible compartir las pruebas con otros países–“no habrá divulgación pública del contenido de esa parte de la colaboración y consecuentemente se evitarán eventuales perjuicios a la investigación que se realizar actualmente sobre el tema” en cada país.
Janot hizo hincapié en los documentos relacionados con otros países y que constan en la colaboración de los exdirectores del grupo Odebrecht que se acogieron al programa de delación premiada.
