El juicio en el Tribunal de Roma que dirime las responsabilidades penales de Valter Lavítola y el ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere, acusados de corrupción internacional en Panamá en el caso Finmeccanica, quedó nuevamente invalidado.
El sindicato que asiste a los abogados en el país trasalpino, Unión de las Cámaras Penales de Italia (UCPI), convocó una jornada de protesta para rechazar la reciente reforma de la justicia que coincidió con la fecha de la audiencia. El equipo defensor de los imputados se presentó ante el tribunal para comunicar su adhesión a la protesta y el juicio se pospuso.
Según la investigación, Lavítola y Pozzessere habrían intentado desviar $25 millones en coimas, que debía recibir de forma oculta el expresidente Ricardo Martinelli.
Este juicio lleva sin avances desde octubre, cuando la anterior presidenta del Colegio de jueces se jubiló. Los abogados rechazaron la posibilidad de usar los atestados con la información de las pasadas audiencias y pidieron que el proceso empezara de nuevo. La jurisdicción italiana es laxa en cuanto a la celeridad del procedimiento. Es uno de los sistemas más garantistas de Europa y esto provoca que los abogados de los imputados usen mecanismos para extender el plazo del proceso. Este juicio se ha visto interrumpido por incidentes burocráticos, argucias y efugios de los imputados hasta el punto de que han pasado casi tres años desde su apertura sin llegar a una sentencia.
La próxima cita será el 22 de septiembre y tendrá una importancia solo formal, ya que se fijará el calendario de audiencias en el que prestarán declaración los testigos y los imputados.
Además, el 18 de este mes el Tribunal de las Investigaciones preliminares de Nápoles decidirá si abre el juicio oral en el caso sobre el presunto desvío de $20 millones, en la frustrada construcción de cuatro cárceles modulares en Panamá por parte del consorcio italiano Svemark.
