Un grupo de ocho países, encabezado por Paraguay, presentó ayer miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA un proyecto de resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, exigir una investigación y pedir el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país.
El proyecto de resolución fue presentado al Consejo Permanente de la OEA para ser considerado por los 34 miembros y busca “condenar, firmemente, las graves y sistemáticas” violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
El borrador también plantea “exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas” a Venezuela de la CIDH, un ente independiente de la OEA, que carece de acceso al país desde 2002.
Luis Alberto Moreno
Presidente del BID
El texto presentado por Paraguay -apoyado también por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú- también plantea pedir “la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos”.
Hugo Chávez denunció en 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero Venezuela sigue sujeta a la jurisdicción de la CIDH como miembro de la OEA.
Sin embargo, el gobierno de Maduro, que se retiró de la OEA en abril, no reconoce sus competencias.
La OEA desconoce el segundo mandato de Maduro y reconoció por 18 votos a Gustavo Tarre, delegado nombrado por el presidente encargado de la República y líder del Parlamento, Juan Guaidó.
“Nosotros desde el representante permanente de Venezuela ante la OEA, designado por la Asamblea Nacional, recibimos una solicitud de que la CIDH más allá de entrar al país pueda instalar un mecanismo”, dijo a los periodistas el presidente de la CIDH, Paulo Abrao.
Abrao señaló que actualmente “hay muchos obstáculos” y que el primero de ellos es la falta de acceso a las víctimas.
