El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina aseguró el lunes que las acusaciones de defraudación aduanera por las que ha permanecido detenido dos años y medio son una maniobra política en su contra.
Pérez Molina se defendió en una audiencia pública frente al juez que en los próximos días deberá decidir si hay elementos suficientes para formalmente iniciarle un juicio por el caso de defraudación, conocido localmente como la Línea y por el cual renunció en 2015 a la presidencia antes de ser arrestado.
“Este es un caso político y lamentablemente, han arrastrado a muchas personas que no tienen responsabilidad en esto”, dijo Pérez Molina.
La Fiscalía guatemalteca y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusan al expresidente de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho por supuestamente liderar una estructura que defraudó al Estado guatemalteco por varios millones de dólares durante 2013, cuando Pérez Molina ya era presidente.
Pérez Molina fue electo para gobernar entre 2012 y 2015, pero renunció cuatro meses antes de entregar la presidencia, y poco después fue acusado formalmente. Según la acusación, Pérez Molina y su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti eran la cabeza de una estructura de exfuncionarios y ex empleados públicos, particulares y empresarios que aceptaron sobornos para defraudar el Estado. Pérez Molina dijo que el caso reflejaba “pobreza, torpeza y falta de argumentos. Su abogado defensor, César Calderón, pidió al juez -por momento a gritos- que cerrara y archivara el proceso en contra del expresidente, bajo el argumento de que no había evidencias científicas ni legales contra su cliente.
