La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró ayer sábado la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro, a pocos días del inicio de su segundo mandato, mientras se intensifican las presiones internacionales para que se convoque nuevamente a elecciones en el país suramericano.
El desconocimiento de la legitimidad fue anunciado por el nuevo jefe del Congreso, Juan Guaidó, quien ratificó, durante en el inicio de sesiones, el repudio del cuerpo legislativo a las elecciones presidenciales de mayo pasado, en las que el gobernante izquierdista logró la reelección, y dijo que a partir del 10 de enero, cuando comienza un nuevo período presidencial, Maduro estará “usurpando” la Presidencia.
En su discurso, Guaidó, de 35 años, indicó que la Asamblea Nacional asumirá, entre sus primeras acciones, la creación de un órgano de transición para restituir el orden constitucional y para renovar y designar lo que llamó los “poderes usurpados”, pero no ofreció detalles.
Luego de tres años de forcejear sin éxito con Maduro, la oposición aprovechó el inicio de sesiones del Congreso y la instalación de una nueva directiva para intensificar la confrontación contra el gobernante, que en pocos días inicia su segundo mandato de seis años en medio de crecientes presiones internas y externas, y una profunda crisis económica y social.
Grupo de Lima
La instalación de la nueva directiva se da un día después del duro pronunciamiento que realizó el Grupo de Lima, que integran 14 países de la región, que pidió a Maduro que no asuma el 10 de enero el segundo mandato, y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones.
Trece de los representantes de las cancillerías, con excepción de México, aprobaron un documento en el que reiteran que la elección presidencial del 20 de mayo “carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales”, y plantean el no reconocer la legitimidad del nuevo período de Maduro.
Asimismo, el grupo llamó a endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios, y expresó su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra el mandatario venezolano en la Corte Penal Internacional.
Temor a un golpe
Al rechazar el pronunciamiento, el canciller Jorge Arreaza acusó al Grupo de Lima de “alentar un golpe de Estado” al intentar desconocer al Gobierno y las instituciones, y dijo que Venezuela responderá bajo el principio de reciprocidad a las acciones que individualmente decida tomar cada gobierno. Arreaza ratificó la legitimidad del gobierno de Maduro e indicó que tomará posesión el 10 de enero como lo establece la Constitución, por lo que “no requiere de la venia de ningún gobierno extranjero”.