A partir de octubre próximo, Panamá tendrá un observatorio ciudadano anticorrupción para fiscalizar las acciones del gobierno y contribuir a la creación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la institucionalidad del país.
La iniciativa es un compromiso del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017–2019 y, según sus impulsores, se concentrará en tres ejes: contrataciones públicas, administración de justicia y gestión parlamentaria.
La propuesta la desarrollará la sociedad civil, representada por organizaciones como el Movimiento Independiente de Panamá (Movin), Juntos Decidimos y Generación Sin Límites, en conjunto con instituciones gubernamentales como la Asamblea Nacional (AN), el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
También estarán la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
ACCIONES
Leah Cedeño, directora ejecutiva de Movin, adelantó que una de las primeras acciones de este observatorio se enfocará en el tema de las contrataciones públicas.
Según Cedeño, se firmará un convenio entre las organizaciones de la sociedad civil, la DGCP, la AIG y la Antai para la creación de una plataforma que dará seguimiento a los contratos que surjan del Estado.
“Actualmente, no se puede ver más allá de la adjudicación de un contrato y la idea con esta plataforma es que se pueda monitorear el ciclo completo de la contratación, la justificación y saber, por ejemplo, si la obra que se realizará forma parte del plan quinquenal del Gobierno”, indicó Cedeño. Se prevé que esta plataforma se habilite en 2018.
CASOS DE CORRUPCIÓN
Otro de los pasos a ejecutar, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, será incorporar al portal el monitoreo de casos de corrupción que se denuncien en el país.
Antonio Lam, jefe de cooperación técnica de la Antai, manifestó a este medio que el objetivo principal de la propuesta es darle seguimiento a las principales denuncias de corrupción presentadas, verificar el avance de las investigaciones y los casos tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial, hasta que se produzca una condena.
Finalmente, en relación con la gestión parlamentaria, una de las propuestas será trabajar en una modificación del reglamento interno de la Asamblea Nacional.
María Alejandra Kapell, miembro de Juntos Decidimos, aseguró que la meta es que en el año 2020 comience a regir este nuevo reglamento, “basado en participación, rendición de cuentas y transparencia”.
El expresidente de la Asamblea Nacional Rubén De León prometió cambios al reglamento, que nunca se concretaron.
