La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, reaccionó ayer a dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 27 de este mes, con las que, aseguró, “se otorgan competencias a la Defensoría del Pueblo en investigaciones penales que adelante el Ministerio Público (MP)” y se destituye al vicefiscal general, algo que, según la Ley Orgánica, es de su competencia.
“Esta sentencia está inmotivada. No ofrecen las razones por las cuales toman esta decisión”, dijo Ortega antes de anunciar que las desconoce en virtud del artículo 333 de la Constitución, que dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Ortega aseguró que el TSJ pretende hacer con el MP lo que hizo con la Asamblea, y remarcó que siguen en presencia de la ruptura del orden constitucional y de un proceso de desmontaje progresivo de la entidad a su cargo, que incluye el rechazo de las solicitudes que hace. “Pedimos privativa contra el funcionario que pasó por encima de un joven (...) y el TSJ resolvió diciendo que se estaban violando los derechos del funcionario y no de la persona”, citó como ejemplo.
La fiscal, que en marzo pasado denunció la ruptura de la democracia y rechaza el llamado a la constituyente, aseguró que la sentencia que da facultades de investigación a la Defensoría pretende “investigaciones penales a su medida”.
Además, puso en duda que de esa sentencia surja una investigación seria e imparcial. “Hay una clara intención de anular al MP. Esas acciones no son democráticas, desmantelan el Estado”, algo de lo que responsabilizó a los magistrados del TSJ, quienes, dijo, son ilegítimos y sus fallos no tienen fuerza de ley.
“Investida como estoy de autoridad y con fundamento en el artículo 333 pido el restablecimiento de la Constitución y que estas sentencias sean anuladas (...) todo el país debe acogerse a lo que preceptúa el 333”, dijo.
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reaccionó a la declaración de la fiscal y aseguró que no quiere entrar en conflicto con el MP, pero que “desconocer [las sentencias] sería estar en una disputa totalmente ajena al derecho”. Asimismo, calificó de histórica la sentencia que le dio acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el MP.
Al final del día, el TSJ informó que fijó para el 4 de julio la audiencia oral del proceso de antejuicio contra la fiscal general y que fueron aprobadas las medidas cautelares de prohibición de salida del país, de enajenar y gravar sus bienes y congelar todas sus cuentas bancarias.
