Organizaciones humanitarias y opositores exigieron el jueves a las autoridades venezolanas que avancen en la investigación y determinen las responsabilidades por la muerte de 68 personas, en su mayoría reclusos, en un incendio en los calabozos de una estación policial.
El incidente en el comando general de la policía del estado central de Carabobo, considerado la segunda mayor tragedia registrada en un centro de detención desde 1994, fue condenado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. Provea expresó en su cuenta de Twitter que la “indolencia del gobierno” ante la situación de los presos “produce muertes”.
Asimismo, Humberto Prado, director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, exhortó en su cuenta de Twitter a la Defensoría del Pueblo a que exija al gobierno que adopte medidas urgentes frente a la “grave situación” que atraviesan los centros policiales.
El fiscal general Tarek William Saab informó la víspera que 68 personas perecieron en el incendio de las celdas del comando policial de Carabobo. Entre los fallecidos estaban dos mujeres que pernotaban en el lugar, indicó Saab sin ofrecer más detalles.
“Pedimos a las autoridades venezolanas que lleven a cabo un rápida y completa investigación para establecer la causa de estas muertes”, dijo, por su lado, la ONU, que también exhortó a Caracas a “otorgar indemnizaciones a los familiares de las víctimas ...”.
