El Gobierno de Venezuela compareció ayer a una audiencia de la sesión 53 de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas (ONU), en la que fue cuestionado por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos a los detenidos durante las protestas de febrero pasado.
Allí, el viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Avalos, defendió el irrestricto respeto del gobierno de Nicolás Maduro a los derechos humanos.
La presentación fue refutada por el relator del informe Jens Modvig, quien, junto a otros expertos, cuestionó al gobierno por la situación carcelaria, el manejo judicial y la falta de independencia de la comisión contra la tortura, cuya mayoría pertenece al Ejecutivo.
“El caso de la juez María Lourdes Alfioni es increíble, es la primera vez que yo escucho algo así. ¿Una juez detenida, agredida y violada por ejercer sus funciones?”, aseguró Abdoulaye Gaye.
“¿Ustedes no creen que este caso socava la independencia del resto de magistrados?, preguntó Felice Gaer, otra experta.
Essadia Belmir recordó los documentados ataques sexuales a las reas y las mujeres en detención. La reunión continúa hoy.
