El Parlamento de Nicaragua aprobó ayer miércoles una controvertida iniciativa oficial que otorga beneficios a “víctimas del fallido golpe de Estado”, como denomina el gobierno de Daniel Ortega a las protestas opositoras que estallaron hace un año y cuya represión derivó en una ola de violencia.
La normativa denominada Plan Integral de Atención a Víctimas (PIAV) fue enviada por Ortega al parlamento unicameral, controlado por el oficialismo, donde fue aprobada por 69 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones. El rechazo opositor se debe a que el proyecto no contiene definiciones sobre los beneficiarios, que se presume serán partidarios del oficialismo.
En detalle, la ley establece que “las víctimas y familiares” del “intento fallido del golpe de Estado” recibirán atención prioritaria de salud, educación, becas de estudio, vivienda y trabajo, además de acceso gratuito a actividades deportivas y de recreación en espacios públicos.
El diputado oficialista Walmaro Gutiérrez, que tampoco aportó detalles sobre los amparados por la ley, señaló: “no podemos ocultar que hubo víctimas como consecuencia de la violencia con el objetivo de derrocar al Gobierno”. Organismos de derechos humanos estiman que los enfrentamientos durante las protestas contra el Gobierno han dejado 325 muertos, casi 800 detenidos y 62 mil exiliados.
Los diputados de la oposición rechazaron la iniciativa en el plenario bajo el argumento de que carece de un elemento esencial de justicia, al no definir quiénes deben ser considerados víctimas.