El acuerdo sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, entre la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, es un “referente histórico” no solo para Panamá, sino también para la comunidad internacional, dijo el Sistema de las Naciones Unidas en un comunicado divulgado ayer.

“Es un ejemplo de cómo los Estados deben hacer partícipes a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones sobre medidas o proyectos que afectan sus vidas, sus culturas, sus territorios y sus derechos”, sostiene el escrito del organismo internacional.

En ese sentido, el Sistema de las Naciones Unidas en Panamá acompañó el diálogo de Barro Blanco para prestar asesoría técnica y contribuir a la facilitación del proceso.

Sobre el convenio, la cacica Silvia Carrera subrayó que si bien el acuerdo no cumple todas las exigencias de los indígenas, por lo menos toma en cuenta una buena parte de sus demandas.

“Ahora nos toca esperar que las autoridades cumplan con lo establecido”, acotó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García Icaza, indicó que la situación que se generó con esta hidroeléctrica deja un mensaje de fondo, que advierte que los gobiernos no pueden seguir dando concesiones de proyectos de envergadura como Barro Blanco, Chan II, Río Indio y Bayano (estos últimos tan necesarios para el país), para que la empresa privada negocie las indemnizaciones económicas, culturales y ambientales.

“Debe ser responsabilidad del Estado este tema, que es el que decide dónde se va a hacer un proyecto de interés social y negociar las compensaciones”, expresó.

García Icaza espera que la inversión pública anual -cerca de 3 millones de dólares-, que se hará en las comunidades alrededor de la presa, sea bien invertida para mejorar la calidad de vida de esta población.

De ser así, puntualizó que tienen la “esperanza” de que exista en la comarca Ngäbe Buglé una educación de primer mundo y otras facilidades, como salud, higiene y alimentación básica.

INDÍGENAS MOLESTOS

Grupos indígenas como el Movimiento 10 de abril y residentes de las comunidades afectadas por el proyecto manifestaron que desde el viernes comenzaron a inundar de nuevo la zona.

De hecho, Weni Bagama, miembro del Movimiento, subrayó que en estos momentos están incomunicados y los petroglifos culturales están debajo del agua.

Los afectados acudieron ayer a una reunión con el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, quien tomó la decisión de solicitar a la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), que suspenda el llenado en Barro Blanco.

Según los moradores del área, el camino de Quebrada Caña a Kiabda quedó sumergido bajo el agua, dejándola “incomunicada”. Asimismo, informaron que tres de las casas de los alrededores quedaron inundadas.

Para trasladarse de un lugar a otro, los habitantes de esos lugares indican que son movilizados en embarcaciones por funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Durante el encuentro, los indígenas sugirieron al defensor que regrese al área para que pueda ver todas las afectaciones, ya que, además de las inundaciones de sus hogares y la desaparición del petroglifo de valor histórico, cultural y religioso, quedarán sin el suministro de agua, pues la fuente que han utilizado durante años también desaparece en medio del llenado de la represa.

Frente a esta petición, Castillero Hoyos se comprometió a organizar un recorrido, junto con su personal, en las áreas perjudicadas.

Por otra parte, también se pudo conocer que mañana se llevará a cabo una reunión en la Cancillería de la República para planificar la hoja de ruta de cómo se implementará el acuerdo. En este encuentro, se espera que participen las partes interesadas que firmaron el pacto en Llano Tugrí este lunes.

EL LLENADO

En tanto, el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, sostuvo que en estos momentos el proyecto está bajo la responsabilidad del contratista y la empresa Genisa.

La ASEP espera que la empresa hidroeléctrica le envíe la propuesta de la compañía que se encargaría de operar la planta, como lo establece el acuerdo. Según Meana, cuando reciban esta información evaluarán si el consorcio recomendado es independiente y no tiene vinculación con Genisa.

“En caso de que haya algún vínculo, la ASEP puede imponer una multa”, dijo.

Como parte del proceso, la ASEP también le envió a Genisa el pasado martes copia del acuerdo firmado, entre otros, por la cacica Silvia Carrera y el presidente Juan Carlos Varela.