Un desembolso de 3.7 millones de dólares aprobó el Gobierno para enfrentar una demanda internacional por 100 millones de dólares interpuesta contra el Estado panameño por el diputado y candidato presidencial de Costa Rica Antonio Álvarez, quien reclama tierras en un área protegida.
Los intereses panameños son representados en este litigio por la firma de abogados Hogan Lovells, cuyo contrato se extiende hasta el año 2018.
De hecho, el Consejo de Gabinete aprobó anoche una adenda a este contrato.
De acuerdo con el Gobierno, la adquisición de las 685 hectáreas de tierras que reclama el diputado costarricense se manejaron en procesos de prescripción adquisitiva “fraudulentos e ilegales”.
VEA: Panamá se defiende en arbitraje
