Cuando faltan apenas tres días hábiles para que culminen las sesiones ordinarias legislativas, los gremios y el Gobierno trabajan para llegar a un acuerdo sobre el contenido del proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal.
La decisión final sobre los aspectos más controvertidos quedaría en manos de la Asamblea Nacional (AN), que podría debatirlos en sesiones extraordinarias.
Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el proyecto de ley en enero, la Comisión de Gobierno de la AN no abordó el debate a profundidad hasta octubre.
Los plazos son clave porque Panamá está siendo monitoreada por el Grupo de Acción Financiera y si este año no se aprueba la norma, podría caer en una lista gris en 2019, algo que ya sucedió en 2014 y que tendría implicaciones negativas para la reputación del país y para las operaciones de los bancos.
