La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) trae consigo un debate jurídico en cuanto a reconocimiento de las curules de este Parlamento.
La situación se da con las otorgadas a los candidatos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que debieron serlo a los candidatos de Cambio Democrático (CD) pero que, al momento de la postulación, los candidatos de este colectivo decidieron no hacerlo, comenta Gilberto Sucari, candidato al Parlacen por el PRD.
Luego la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordena retirar las credenciales a cuatro candidatos del PRD, Gilberto Manuel Sucari, Pablo Javier Pérez, Priscila Valenzuela y Manuel Enríquez Bermudez, y también a los panameñistas Eloísa Tuñón, Luis Eduardo Camacho y Cinthia Guerra.
Por su parte Gilberto Sucari, que había sido acreditado por el Tribunal Electoral, presentó una demanda ante la Corte Centroamericana, que declaró inaplicable la cancelación de las credenciales a los diputados del Parlamento Centroamericano por el Estado panameño e igualmente inaplicable la nueva acreditación a siete personas designadas como representantes al Parlacen a la vez que reconoce el derecho de los demandantes a ejercer la diputación.
Para el canciller de la República de Panamá, Roberto Henríquez, los fallos de la Corte Centroamericana no son vinculantes.
Pero este criterio no es compartido por el abogado internacionalista Julio Berríos, quien sostiene que Panamá debe acatar el fallo de la Corte Centroamericana porque este tema, dice, deja de ser nacional y pasa a la esfera internacional; además, sostiene que Panamá pertenece al Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Para Sucari, Panamá debe atender lo que señala la Corte Centroamericana porque es la que decide en los conflictos internacionales de los países que pertenecen al SICA.
