Varias modificaciones serán incorporadas al proyecto de ley 597, que busca inhabilitar de manera permanente a aquellas personas que sean condenadas a cinco o más años de prisión por la comisión de delitos contra la administración pública.
Los cambios serán incluidos en el informe que elabora la subcomisión que analiza la iniciativa –también conocida como proyecto de “muerte civil”–, que debe ser presentado a la Comisión de Gobierno para el primer debate.
La subcomisión, que dirige la diputada independiente Ana Matilde Gómez, tendrá su última reunión hoy a las 10:00 a.m., en la Asamblea Nacional. En la agenda está programada la comparecencia del Órgano Judicial.
Entre los cambios que han planteado organismos y ciudadanos está que se elimine la sanción a “perpetuidad” y que en su lugar se establezca un tiempo determinado.
Por ejemplo, el Colegio Nacional de Abogados (CNA), el último en dar su opinión la semana pasada, propone que la inhabilitación sea por un plazo de 20 a 30 años, computados desde el momento en que se cumpla la pena principal.
Es decir, que se elimine la duración de la pena de por vida y se establezca la sanción fijando un término “prudencial y razonable”, dice la propuesta.
También se ha planteado que la inhabilitación se limite solo a delitos dolosos.
La Procuraduría de la Administración y el Ministerio Público avalan la propuesta, aunque coinciden en que necesita algunas modificaciones .
