El Tribunal de Cuentas español impuso ayer una fianza solidaria de unos 5.2 millones de euros (unos $6.1 millones) a los organizadores en 2014 de una consulta prohibida sobre la independencia de Cataluña, entre ellos, al expresidente regional Artur Mas.
El tribunal, que abrió un proceso para determinar si los organizadores debían devolver el dinero público gastado en ella, les dio un “plazo de 15 días” para depositarlo, informó en un comunicado.
Si no depositan esta suma, la instructora del caso “podrá iniciar el procedimiento de embargo” de bienes, advirtió el tribunal, cuya decisión se produce unos días antes del referéndum —también prohibido por la justicia— convocado para el próximo domingo por Carles Puigdemont, sucesor de Mas en la presidencia catalana desde enero de 2016.
El cálculo de la cantidad está basado en los gastos realizados por el Gobierno catalán para la consulta. La fianza pretende garantizar el pago de ese dinero en caso de que les condenen definitivamente a abonarlo. El monto de la fianza puede recurrirse en un plazo de cinco días, pero su depósito es obligatorio en cualquier caso, aunque luego se revise a la baja.
Más de la mitad, casi 2.8 millones de euros, corresponde a la adquisición por el Gobierno catalán de “ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación”, según el tribunal.
Unos 2.3 millones de los 7.5 millones de catalanes participaron en la consulta de 2014. Mas ya fue objeto de proceso judicial por ella, así como su entonces vicepresidenta, Joana Ortega; consejera de Educación, Irene Rigau; y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs.
En marzo de 2017, fueron condenados a penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos electivos, principalmente por “desobediencia”. En mayo de 2017, la fiscalía también solicitó su condena a devolver la suma gastada para organizar la votación, una demanda que la justicia examinará próximamente.
