En el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz quedó radicada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto 441-2016-DmySc, dictado el 25 de octubre pasado por la Contraloría General de la República y que regula el monto de las donaciones y subsidios que pueden hacer los diputados.
El reparto del recurso fue celebrado el 16 de este mes en la Secretaría General de la Corte.
En la demanda, presentada por el abogado Ernesto Cedeño, se afirma que los diputados de la Asamblea Nacional no están facultados para realizar donaciones ni entregar subsidios.
De acuerdo con Cedeño, los magistrados de la Corte tienen la oportunidad de aplicar límites a la entrega indiscriminada de recursos pertenecientes al Estado.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo a la decisión de la Contraloría sobre esta regulación.
