Las repercusiones sobre el accidente de la aerolínea boliviana en Colombia con 71 fallecidos derivaron en mutuas recriminaciones y sospechas entre gobierno y oposición en Bolivia.
El ministro de Defensa Reymi Ferreira insinuó ayer que el senador opositor Róger Pinto, refugiado en Brasil, sería el accionista del avión siniestrado en Medellín el 28 de noviembre y expresó que el piloto fallecido, Miguel Quiroga, sería el testaferro de la aeronave.
Pinto es suegro de Quiroga, quien aparece como uno de los principales accionistas de LaMia. En declaraciones a medios locales, Pinto señaló que el piloto no tenía casa propia.
“Cómo es posible que alguien que no tiene casa pudo haber pagado entre 4 y 5 millones de dólares por el seguro de aeronavegación”, pregunto Ferreira, y acotó que “no sería raro que [la aerolínea] tenga conexión con Pinto”, quien huyó a Brasil en agosto de 2013 alegando persecución del gobierno.
Ferreira aseguró, además, que la investigación iniciada por el gobierno sobre la aerolínea “dará sorpresas”.
Al parecer, una de las piezas clave será el otro socio de la compañía Marco A. Rocha, un expiloto de la Fuerza Aérea quien salió a Paraguay días antes de la tragedia.
La fiscalía inició un proceso a Rocha por presunto homicidio culposo, pero todavía no ha pedido la extradición. A su vez, Pinto negó vínculos con la aerolínea y acusó al gobierno de pretender involucrarlo para salvar responsabilidades. “Los que me acusan no tienen credibilidad”, alegó.
La fiscalía denunció que la Dirección General de Aeronáutica Civil, una oficina dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, otorgó en solo 20 días en diciembre de 2014 autorización para la importación del avión, matrícula y permiso de operaciones cuando habitualmente esos trámites llevan meses.
El director del Registro de Matrículas ahora destituido es, además, hijo del gerente de la LaMia y ambos están en prisión preventiva por supuesto tráfico de influencia y homicidio culposo.
