La Iglesia católica y el Gobierno de Bolivia chocaron ayer por un proyecto de ley que amplía la despenalización del aborto, en una nueva arista de su complicada relación desde que asumió el presidente Evo Morales en 2006.
El Congreso de mayoría oficialista debate estos días nuevas causales a la ley vigente, que permite el aborto terapéutico en caso de malformaciones fetales o embarazo por violación sexual.
El proyecto en debate amplía el aborto a las ocho semanas de embarazo por situación de pobreza, la tenencia de más de tres hijos o la condición de estudiante sin recursos para la manutención del futuro hijo.
La Iglesia católica estimó que “esta propuesta de ley distorsiona el sistema penal, introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuese justificativo suficiente para violar cualquier ley”.
El vicepresidente Álvaro García, citando al papa Francisco, llamó a “adecuar la religión, nuestras creencias religiosas, al siglo XXI, porque cuando una creencia religiosa no se renueva, se anquilosa”.
“No hay nada en la enseñanza del papa Francisco que justifique o avale una reforma del sistema penal como la que se propone, en los temas referidos a la vida”, atajó la Conferencia Episcopal (CEB) en un comunicado.
La Iglesia católica y el Gobierno chocaron por última vez en diciembre de 2016, cuando el secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa, se sumó a las expresiones de oposición al intento del presidente Morales de postularse a un cuarto mandato hasta 2025 y lo llamó a respetar el resultado de un referéndum que le negó esa posibilidad en febrero del año pasado.
Morales tiene una relación distante con la cúpula católica, a la que acusó de respaldar a la derecha local.
