El exministro de Obras Públicas Federico Pepe Suárez deberá retornar esta semana a la Fiscalía Especial Anticorrupción para rendir indagatoria en el proceso de los sobornos pagados por Odebrecht, relacionado a supuestos sobrecostos en el proyecto de preservación del patrimonio histórico de la ciudad de Panamá (remodelación del Casco Antiguo).
Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que aunque el pasado fin de semana Suárez se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar en este proceso, será requerido nuevamente para cumplir con esa diligencia.
El exministro permanece en una celda en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) desde el pasado viernes 12 de octubre, tras ser requerido también por el caso Blue Apple, relativo al presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno pasado , por parte de contratistas de obra civiles.
En este caso Suárez también se acogió al artículo 25.
La referida norma constitucional señala que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Cort y Vargas Reynaga
El Juzgado Duodécimo Penal negó una fianza para no ser detenido a Mauricio Cort, investigado por los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá.
El juez Óscar Carrasquilla estimó que a Cort “se le imputan cargos graves”.
Cort, quien no ha comparecido personalmente al proceso, está imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
André Rabello, antiguo intendente de la constructora en Panamá, confesó que transfirió $1 millón en el año 2010 a Cort, dinero que supuestamente fue a dar a sociedades vinculadas a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
En otro fallo vinculado a Odebrecht, el juez Carrasquilla negó una solicitud de sustitución de medida cautelar presentada por Evelyn Vargas Reynaga. Su abogado alegó que la medida de reportarse dos veces a la semana era “muy rígida” y le dificultaba su actividad laboral.
El juez indicó que la procesada goza de una fianza para no ser detenida, por lo que no tiene que reportarse ante la autoridad competente.