El contrato para el ensanche de la avenida Domingo Díaz, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las empresas Consorcio Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V. y Constructora Meco, “nació con un sobreprecio” y el procedimiento utilizado para subir los actos de la licitación se hizo “fuera de lo dispuesto” en la Ley de Contrataciones Públicas.
A esa conclusión llega la vista fiscal que emitió la Fiscalía Especial Anticorrupción y en la que se recomienda llamar a juicio al exministro del MOP Federico José Suárez, y al exdirector de Administración de Contratos Jorge Ruiz, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
La vista fiscal solicita el sobreseimiento provisional de María González, del Departamento de Registro y Control de Contratistas; y de Cresencio Pomares, exsubdirector de Administración de Contratos, porque no tenían un “dominio total” sobre las decisiones del despacho, por lo cual su conducta no está fundada en un actuar doloso.
En su análisis, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo relata que para la Contraloría “el proyecto de ensanche de la Domingo Díaz, desde el momento en que se fijó el precio por el cual se daría el acto de licitación, se originó con un sobreprecio de 19.9% del precio final (esto representa $47 millones 388 mil 002)”.
Afirma que se acreditó que para fijar el precio de referencia, el Estado, representado por Suárez, contrató los servicios de dos empresas: The Louis Berger Group Inc. y Halcrow Panama.
A ambas se les contrató, de forma directa, para servicios de consultoría, a fin de que elaboraran los costos estimados de las obras del Plan de Reordenamiento Vial. En el caso de Berger Group, hay un contrato adicional, también de consultoría, para asesorar a las comisiones evaluadoras y de ejecución de las obras viales. Los tres contratos , por $29 mil 900 c/u, son de 2011.
La fiscal también alude a la declaración de Ingrid Agreda, de la Dirección de Contratos, quien dijo que su usuario fue usado para subir los pliegos de nueve proyectos, entre ellos el de la Domingo Díaz. Aseguró que su jefe, Jorge Ruiz, le pidió su contraseña y que los pliegos fueron subidos mientras estaba fuera de su lugar de trabajo.
Marta Hidalgo, del Departamento de Contrataciones y Concesiones, encargada de aprobar adendas y pliegos de condiciones en Panamá Compra, dijo que ella no aprobó estos proyectos, que el trámite se hizo a través de María González, utilizando su usuario y contraseña. Añadió que los pliegos llegaron al MOP en formato digital y solo se les colocó el nombre del proyecto.
Basada en una declaración de Carlos Ho, en la que dice que “los pliegos para el Programa de Reordenamiento Vial fueron elaborados por Odebrecht”, la fiscal concluye que la empresa brasileña tenía una posición de ventaja sobre el resto y que eso, concatenado con el sobreprecio determinado, demuestra que Suárez y Ruiz “no ejercieron el correcto desempeño de sus labores y deberes”.
La pesquisa se originó luego de que la Contraloría entregara al Ministerio Público una auditoría que calculó en $47.3 millones el posible sobreprecio en la obra. El precio final del proyecto fue de $237.5 millones, y la auditoría reveló que el precio razonable era de $190.2 millones.
