Mientras se resuelve la investigación en los casos pendientes de Valter Lavítola con la justicia italiana, la Fiscalía de Nápoles continúa las pesquisas por “soborno internacional” en el fallido contrato del Gobierno de Panamá con la empresa italiana Svemark, para construir las cárceles modulares que no se hicieron.
Así lo reveló ayer Gaetano Balice, abogado de Lavítola, quien pretendía que su cliente fuera liberado de cargos. En vez de ello, la Fiscalía de Nápoles pidió al juez una condena de 28 meses de prisión por el intento de extorsión contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi.
Balice explicó que la investigación en el caso de Panamá se dividiría en dos partes. La primera, relacionada con los contratos de Agusta Westland, Selex y Telespazio para comprar helicópteros, radares y un mapa digital, está en manos del prestigioso fiscal de Roma Paolo Ielo, que en poco tiempo debe fijar una fecha para la audiencia preliminar tras concluir la averiguación.
Y la segunda, por las cárceles modulares –que tiene como principal testigo a Mauro Velocci, de Svemark–, continúa abierta.
