En medio de la postergación de la entrada en vigencia de la Ley 16 de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz, los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional consideran que debe redactarse un nuevo proyecto para que se modifiquen algunos aspectos de esa norma.
Plantean, por ejemplo, cambios al tema del salario, que no está contemplado en la ley. Además, sugieren que la forma de pago de las nuevas autoridades no quede en manos de los municipios, tal y como está presentado.
También señalan que se debe hacer obligatorio que todos los jueces sean abogados, ya que la norma no lo establece.
En ese sentido, el diputado panameñista Juan Serrano dijo que si se deja en manos de los alcaldes el pago de los jueces de paz, se mantendrá inmerso el rejuego políticos en el sistema.
La Ley 16 de 2016 no fija el monto del salario de los jueces. Precisamente, Karla Pinder, del Ministerio de Gobierno, explicó que las mesas que trabajan en la planificación de la ley han propuesto que los jueces de paz en los municipios urbanos cobren $1,500 y en los semiurbanos $1,000 mensuales.
Sobre las propuestas de los diputados, la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, se comprometió con hacer un taller en junio para los diputados donde se revisen los temas que han sido planteados y evaluar la posibilidad de presentar un proyecto de ley que aborde esas “preocupaciones”.
Los jueces de paz y las casas de justicia reemplazarán a los corregidores y a las corregidurías, respectivamente.