El Ejecutivo objetó“parcialmente por inconveniente” el proyecto de ley 92 que avala el pago del décimo tercer mes a los jubilados de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y del sector privado que laboraron en ese periodo.
El documento en el que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, argumenta su decisión, llegó a la Asamblea Nacional la semana pasada.
Varela dijo ayer que le solicitó al Legislativo establecer la fuente de financiamiento para cancelar la deuda, y de paso manifestó que “el Ejecutivo sugiere que la fuente de financiamiento provenga de los dineros cautelados por el sistema judicial por casos de corrupción”.
En el informe de objeción, al que tuvo acceso este medio, se objetan los artículos 1 y 3 del proyecto. El primero declara que este cobro es un derecho adquirido y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a hacer el pago. Indica además que “el pago del derecho reconocido se hará con los intereses pactados originalmente hasta un periodo de doce años”.
Sobre este punto, el Ejecutivo pide que se haga explícito lo que corresponde [al pago] de intereses, ya que una norma derogada lo fijaba en 3% anual. “De esta forma no quedaría duda del porcentaje del interés que sería utilizado en el cálculo...”, plantea el Ejecutivo.
Y objetó el artículo tres que señala que el “pago de los derechos se hará directamente a cada beneficiario”. Aquí pidió establecer un mecanismo de pago para aquellos herederos de los beneficiarios que han fallecido.