Por falta de cuórum, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) no pudo discutir ayer el prohijamiento de un anteproyecto de ley que busca evitar la prescripción de los delitos contra la administración pública (corrupción).
Solo dos de los nueve miembros de la comisión asistieron: el presidente de esa instancia, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Quibián Panay, y la diputada de Cambio Democrático (CD) Marylín Vallarino. Además, asistió Carlos Puga, suplente del diputado Pedro Miguel González, PRD.
Se ausentaron los comisionados: Zulay Rodríguez (PRD), José Muñoz (CD), Luis Barría (Partido Panameñista), Juan Serrano (Partido Panameñista) y Rubén Frías (CD).
La propuesta, que fue llevada a la AN en manos de los jóvenes de Generación Movin, Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua y Generación Sin Límites, plantea modificar el artículo 116 del Código Procesal Penal que establece plazos de prescripción de la acción penal para los delitos contra la administración pública. En ese sentido, proponen que “la acción penal tampoco prescribirá cuando se trate de alguno de los delitos de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, fraude en los actos de contratación pública del Título X del Código Penal”.
Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, dijo que lo que pasó fue “totalmente inadecuado e irresponsable” por parte de los diputados.
Vásquez hizo un llamado a los diputados a “poner más en orden sus prioridades y que utilicen el tiempo, por el cual los ciudadanos pagan, para hacer cosas en beneficio del país”.
