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CASO MOSSACK FONSECA

Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo

Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo
Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo

El abogado panameño Ramsés Owens, uno de los cerebros detrás de los servicios tributarios que ofrecía la firma Mossack Fonseca, es considerado un fugitivo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU), por su renuencia a enfrentar los cargos en su contra por presunto fraude electrónico, lavado de dinero y fraude para evadir impuestos, entre otros delitos.

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Owens recupera la libertad, pero su detención sí fue legal

Owens nunca se ha presentado personalmente ante los tribunales estadounidenses, pese a que en varias ocasiones desde que se anunció la acusación, el 4 de diciembre pasado, se han dado “conversaciones” con sus abogados para encontrar una manera de que lo haga, según consta en una nota enviada el pasado 7 de junio al juez Richard Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por los fiscales Geoffrey Berman y Deborah Connor.

“Owens, a través de su abogado, ha expresado afirmativamente que no está dispuesto a viajar. Ante estos hechos, el Gobierno continúa considerando a Owens como un fugitivo de la justicia”, remarca la nota.

El acusado permanece en Panamá y alega que no puede viajar a Nueva York porque tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, mientras se le investiga por otro caso: el de presunto blanqueo de capitales a través de sociedades constituidas por Mossack Fonseca. Por este caso ya estuvo detenido, pero el pleno de la Corte Suprema de Justicia le flexibilizó la medida cautelar.

Los fiscales estadounidenses también responden a las acusaciones de Owens de obtener evidencias de manera ilegal, con ayuda del Ministerio Público. Los abogados Jeremy Iandolo y Charlie Carrillo pidieron al juez Berman descartar estos elementos, alegando que “la manera en la que las autoridades panameñas obtuvieron las evidencias viola las nociones estadounidenses del debido proceso, pero también viola normas fundamentales de decencia”.

Los abogados Iandolo y Carrillo se quejan, en concreto, de que no fueron “notificados” de las diligencias para obtener información almacenada en el teléfono celular de Owens. También reprochan que –siempre a solicitud de los fiscales de Nueva York– el Ministerio Público de Panamá incautó una cuenta a nombre de Reveck Holdings Foundation, a finales de mayo. No precisan el nombre del banco o cuál es su relación con Owens, pero los fiscales neoyorquinos le comunicaron al juez de la causa que en abril fueron informados por un abogado de Owens que este era el fiduciario de la cuenta y que el dueño de la misma era un ciudadano guatemalteco identificado como “la Madre”.

Los fiscales pidieron al juez rechazar la solicitud de los abogados defensores y señalan que toda la información fue obtenida a través del tratado de asistencia legal mutua firmado por Panamá y Estados Unidos. Sostienen, además, que las normas no obligan a informar al acusado o a la defensa, dado que existe un riesgo sustentado de destrucción o pérdida de pruebas, o evasión. “Por eso, es común que las órdenes de registro estén selladas y se le informe de las mismas al acusado después que han sido ejecutadas”.

El juez Berman no ha respondido aún si las evidencias serán descartadas o no, y no se conoce cuándo será la próxima audiencia.

Por este caso, también fueron acusados el alemán H.J. (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer, y el estadounidense Richard Gaffey.

La investigación se deriva de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma panameña.


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