Una denuncia penal fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra 13 diputados de la Asamblea Nacional, por la posible comisión de delitos contra la administración pública (peculado).
Los denunciantes, el abogado Carlos Herrera Morán y Freddy Pittí, del movimiento ciudadano Juntos Decidimos, alegaron que los diputados han gestionado donaciones, subsidios y nombramientos con presupuesto del Órgano Legislativo, pese a que la Constitución no les atribuye facultad para ello.
Una investigación de La Prensa reveló que la Asamblea gestionó entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017 unos $14 millones en donaciones, que en buena parte de los casos no llegaron a los beneficiarios originales; y otros $68 millones en contratos por servicios profesionales –entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016–, que en muchas ocasiones tampoco se efectuaron.
La denuncia pide que se le solicite a la Contraloría “la debida auditoría e informe de todos los cheques girados en concepto de donaciones, subsidios o ayudas económicas”; de igual forma, a todos los contratos por servicios profesionales otorgados en la presidencia del panameñista Adolfo Valderrama (2014-2015) y en la del perredista Rubén De León (2015-2017), ambos denunciados por Herrera y Pittí.
La denuncia también incluye a Dalia Bernal, Katleen Levy, Elías Castillo, Miguel Salas, Alfredo Pérez, Carlos Afú, Benicio Robinson, Crescencia Prado, Juan Poveda, Mario Miller y Juan Carlos Arango.
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